jubilación anticipada

Jubilación anticipada

La jubilación anticipada en España

¿Cómo conseguir la jubilación anticipada? Según la Tesorería General de la Seguridad Social las pensiones son básicamente “prestaciones económicas y de duración indefinida cuya concesión está generalmente supeditada a una previa relación jurídica con la Seguridad Social”.

Sus cuantías se determina en función de las aportaciones efectuadas por el trabajador y el empresario, si se trata de trabajadores por cuenta ajena, durante el período considerado a efectos de la base reguladora de la pensión que se trate.

Dentro de la acción protectora del Régimen General y de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social, con las salvedades que se indican en el respectivo régimen especial, se incluyen las pensiones siguientes:

Por jubilación

  • Jubilación ordinaria, jubilación anticipada por tener la condición de mutualista.
  • La jubilación anticipada sin tener la condición de mutualista.
  • También, jubilación anticipada derivada del cese no voluntario en el trabajo.
  • Si lo pide el trabajador, jubilación anticipada por voluntad del trabajador.
  • Jubilación anticipada por reducción de la edad mínima debido a la realización de actividades penosas, tóxicas e insalubres.
  • Y la jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad, jubilación parcial, jubilación flexible y jubilación especial a los 64 años.

Por incapacidad

  • Permanente.
  • Total.
  • Absoluta.
  • Y gran invalidez.

Por fallecimiento

  • Viudedad.
  • Orfandad.
  • Y en favor de familiares.

Dentro de la acción protectora del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), se incluyen las pensiones de vejez, invalidez y viudedad.

Pensiones y jubilación anticipada

Las pensiones no contributivas son, por su lado, prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, “encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo”. Dentro de esta modalidad, se encuentran las pensiones de invalidez y jubilación.

La gestión de estas pensiones no contributivas está atribuida a los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma. Y a las direcciones provinciales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en las ciudades de Ceuta y Melilla.

No obstante (y una vez matizada la oferta), las pensiones están siendo un motivo de quebranto tras la práctica liquidación de la llamada ‘Hucha de las Pensiones’. Determinada en el Pacto de Toledo en 1980 (amparado por el apartado 1 del artículo 35 de la Constitución Española), pero que desde 2011 ha ido vaciándose hasta plantear seriamente su futura viabilidad.

Cada vez más lejos la jubilación anticipada

Somos una población cada vez más envejecida. Donde “la seguridad de la jubilación se encuentra en una encrucijada, ya que los cambios demográficos y la inestabilidad económica están ejerciendo cada vez más presión sobre los recursos de los gobiernos, las empresas y los trabajadores de todo el mundo y amenazan el ideal de una jubilación digna para todos”. Tal y como han concluido responsables de Natixis Investment Management, España, tras un estudio que han realizado recientemente.

España ocupa la posición número 31 de los 43 países evaluados por dicha empresa. Tan solo Portugal, Chipre, Letonia y Lituania aparecen en peor situación, entre los países europeos. El Global Retirement Index (GRI) de Natixis engloba indicadores esenciales del bienestar en la jubilación:

  • Gozar de buena salud y tener acceso a servicios sanitarios de calidad.
  • Contar con suficientes medios materiales para vivir desahogadamente.
  • Tener acceso a servicios financieros de calidad, lo que incluye la preservación de los ahorros.
  • Vivir en un entorno limpio y seguro.

Vivimos más años

En nuestro país hay casi 18 mil personas centenarias, y la esperanza de vida roza los 84 años (la segunda mayor del planeta tras Japón). El cómo se financiarán los próximos años de ingresos que necesitan las personas tras acabar su vida laboral (ahora fijada a los 67 años), sigue siendo motivo de preocupación para los gobiernos.